Cualquier criminalización del trabajo sexual empuja a las trabajadoras sexuales a la clandestinidad y, en consecuencia, crea condiciones de trabajo peligrosas y duras para ellas. Los trabajadores sexuales evitarán acudir a la policía para denunciar que son víctimas de delitos y estarán en mayor riesgo de sufrir violencia, explotación y VIH. La criminalización también refuerza el estigma de las trabajadoras sexuales y aumenta la exclusión social, que ambos están afectando la salud mental de las trabajadoras sexuales.

[1] En el congreso de tres días del Partido Socialista en octubre en Valencia, Pedro Sánchez dijo que “avanzaremos en la abolición de la prostitución que esclaviza a las mujeres” y anuncia que el gobierno español criminalizará el trabajo sexual.